Lunes 2 de Marzo de 2026

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2 de marzo de 2026

Irán: ¿Sobrevivirá la revolución sin su líder?

La república islámica entra en la prueba más severa desde la revolución de 1979. El sistema debe demostrar que puede sobrevivir sin el árbitro que lo cohesionó durante más de tres décadas. El mundo observa no solo la transición, sino el umbral de la represalia.

La muerte del ayatolá Alí Jamenei no es un episodio más en la cadena de operaciones y represalias que han marcado a Medio Oriente. Es un golpe directo al centro de gravedad de un sistema concebido para concentrar en una sola figura la autoridad última del Estado. El accionar de Estados Unidos e Israel no elimina simplemente a un dirigente: interviene sobre el punto de cohesión de un diseño institucional que durante décadas articuló legitimidad religiosa, poder militar y estrategia regional bajo un mando central.

Esa arquitectura nació en 1979, cuando la revolución encabezada por Ruhollah Jomeini no sólo derribó al Sha, sino que sustituyó la lógica estatal iraní por un modelo singular: la supremacía del Líder Supremo como vértice absoluto del poder. Desde entonces –a lo largo de casi cinco décadas– la República Islámica se estructuró en torno a una figura que trasciende presidentes y parlamentos y concentra la decisión última en materia política, militar y doctrinal.

Desde 1989, tras la muerte de Jomeini, fue Alí Jamenei quien encarnó la continuidad y la disciplina interna de ese diseño institucional. Se encargó de ser árbitro entre facciones, custodio de la revolución y garante de que la ideología fundacional se tradujera en política de Estado. Su muerte no altera una jerarquía personal sino que somete a tensión el principio organizador mismo del régimen.

Desde la perspectiva de la estrategia norteamericana, bajo la administración de Donald Trump, el golpe no es un accidente ni una reacción táctica. Es la prolongación de una política iniciada con la retirada unilateral en 2018 del “Plan de Acción Integral Conjunto” -impulsado por Barack Obama- firmado en 2015. Aquel acuerdo había congelado y sometido a estrictas inspecciones el programa nuclear iraní a cambio de alivio de sanciones.

Su abandono trasladó la disputa del terreno diplomático al de la presión económica sistemática, reactivando sanciones sobre el sector energético y financiero con la intención de reducir el margen de maniobra del régimen. La apuesta del primer gobierno trumpista era que la asfixia económica desgastara tanto la capacidad de proyección regional, como la estabilidad interna iraní.

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