Una joven argentina de 22 años que reside ilegalmente en Estados Unidos, aunque está en proceso de regularizar su estatus gracias a un programa impulsado por el ex presidente Barack Obama, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).


Daniela Vargas, quien llegó a Estados Unidos en 2001, con siete años, fue arrestada tras denunciar en una conferencia de prensa la situación que atraviesa su padre Daniel, de 55 años, y su hermano Alan, de 26, un pintor y un albañil, quienes fueron detenidos el mes pasado por no tener papeles de residencia legal y se encuentran a la espera de ser deportados a la Argentina.

La familia emigró desde la provincia de Córdoba con un visado de turista que expiró a los tres meses, aunque decidió quedarse igual en condición irregular. El arresto de Daniela se produjo en Jackson, en el sureño estado de Mississippi, cuando varios agentes interceptaron el vehículo con el que abandonó la rueda de prensa, según explicó su abogada, Abigail Peterson.

"Ya sabes quiénes somos y ya sabes por lo que estamos aquí, estás aquí (en Estados Unidos) ilegalmente", le dijeron los agentes a la chica, según relató la letrada de acuerdo con un testimonio presente en el momento de la detención.

Vargas se había beneficiado en el pasado del programa migratorio DACA impulsado por el ex presidente Barack Obama para proteger de la deportación a los indocumentados que llegaron de niños al país, pero ese permiso le había vencido y estaba en proceso de renovación.

A los beneficiarios de ese programa se les conoce como "dreamers" o "soñadores" y alcanzan los 750.000 indocumentados. El caso de la joven había tenido cierta repercusión mediática, por lo que su abogado asoció la detención a una represalia de las autoridades migratorias para acallar a su clienta.

El actual presidente Donald Trump prometió durante la campaña que los "dreamers" serían deportados igual que el resto de los indocumentados que viven en el país (unos 11 millones), pero con el paso de las semanas fue moderando su posición y finalmente los dejó fuera de su nuevo masivo plan de deportaciones establecido la semana pasada.

El actual mandatario amplió el universo de extranjeros indocumentados sujetos a deportación, al ordenar a las agencias de seguridad que deporten no sólo a criminales condenados por un delito serio, sino también a personas acusadas por delitos menores, incluso si están sospechadas o acusadas de haber cometido un delito, sin haber sido condenadas.