Una bomba política de consecuencias impredecibles estalló anoche en Brasil y amenaza la supervivencia del gobierno de Michel Temer, que asumió el poder hace apenas un año, tras el polémico impeachment a Dilma Rousseff.

Los dueños del frigorífico JBS aportaron a la justicia audios y videos que demuestran que en marzo el presidente avaló el pago de millonarios sobornos al detenido ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha para comprar su silencio y preservar así al Palacio del Planalto ante una eventual delación suya en el marco de la operación anticorrupción Lava Jato.

Los directivos de la mayor compañía procesadora de carnes del mundo, Joesley y Wesley Batista, sellaron en las últimas semanas un acuerdo con la Procuraduría General de la República, que debe ser aprobado por el Supremo Tribunal Federal (STF), para revelar los intentos del gobierno de Temer por contener las investigaciones anticorrupción.

Una revelación que vuelve a empujar al país al borde del abismo

Entre las pruebas más comprometedoras se encuentra una grabación hecha el 7 de marzo por los ejecutivos en el Palacio do Jaburu -residencia de Temer- en la que discuten con el presidente los montos de dinero que la empresa pagaba a Cunha y al operador político Lucio Funaro para asegurarse que no revelaran las corruptelas dentro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

De acuerdo a Joesley Batista, que registró toda la conversación con un grabador personal escondido, cada semana y por un plazo de 20 años se desembolsaban 500.000 reales (unos 160.000 dólares) para garantizar que Cunha -principal promotor dentro del PMDB del juicio político a Dilma por manipulación de las cuentas públicas- no abriera la boca. Fue entonces que Temer resaltó: "Tiene que mantener eso, ¿vio?".

La aprobación que el presidente da a esas coimas lo colocan en una delicadísima situación judicial por respaldar un crimen durante el ejercicio de su mandato. Hasta ahora, las derivaciones de la Operación Lava Jato habían puesto a Temer como investigado como supuesto beneficiario de sobornos de la compañía Odebrecht, pero antes de que asumiera el poder, el 12 de mayo de 2016.

Ante las graves implicancias, el Palacio del Planato emitió un breve comunicado: "Temer jamás solicitó pagos para obtener el silencio del ex diputado Eduardo Cunha. No participó ni autorizó ningún movimiento con el objetivo de evitar la delación o colaboración del ex legislador con la justicia (...) El presidente defiende la amplia y profunda investigación de todas las denuncias informadas por la prensa".

Para cuando los ejecutivos Batista decidieron grabar a Temer, ya habían llegado a un preacuerdo de delación premiada con la Procuraduría. Gracias a ese entendimiento, la policía federal pudo filmar cuando una valija con 500.000 reales de coimas fue entregada al diputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB), que había sido indicado por Temer para recibir las "semanalidades" de JBS. El dinero había sido previamente marcado y fue rastreado fácilmente.

Ante el juez del STF Edson Fachin, a cargo de la investigación del Lava Jato en la Corte, los hermanos Batista también entregaron otro audio en la que registraron el pedido de soborno del senador Aecio Neves (Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB), principal socio de la coalición que sostiene a Temer. En esa conversación del 24 de marzo, Neves le pidió a JBS "contribuir" con 2 millones de reales (unos 640.000 dólares) para afrontar los gastos de su defensa en las cinco investigaciones que pesan sobre él por presuntos sobornos de Odebrecht.

"Me darán una ayuda del carajo", le resaltó Neves a Joesley Batista, luego de coordinar para que el dinero fuera dado a su primo, Frederico Pacheco de Medeiros, uno de los coordinadores de su campaña de 2014. Al igual que los sobornos destinados a Cunha y Funaro, el periplo que siguió la plata para Neves también fue filmado por la policía federal, que siguió el rastro del dinero hasta una cuenta del senador socialdemócrata Zezé Perrella.

Las revelaciones de los empresarios también alcanzaron al Partido de los Trabajadores (PT). De acuerdo a sus declaraciones, quien durante los 13 años de administraciones petitas lidiaba con los traspasos de dinero ilegal era Guido Mantega, ex ministro de Economía de Luiz Lula da Silva y Dilma.

Mantega -acusado en el Lava Jato, pero aún en libertad- era quien se encargaba de repartir los fondos al PT entre legisladores, ministros y hasta el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes), Luciano Coutinho. Los hermanos Batista indicaron que alguna vez discutieron los aportes ilegales de JBS al PT frente a Lula, pero que éste no trataba directamente de esos temas financieros.

El grupo frigorífico JBS -que tiene presencia en la Argentina- fue el mayor donante de la campaña electoral de 2014 en Brasil: unos 116 millones de dólares a los principales partidos políticos. Según explicaron los hermanos Batista, su compañía se aseguraba así los más diversos favores, como exoneración de impuestos y leyes que beneficiaban sus negocios.