Un tribunal dispuso la prisión preventiva del docente de 49 años Juan Francisco Trigatti, quien está condenado a 12 años de prisión bajo acusación de haber abusado sexualmente de cinco alumnas en un jardín de infantes ubicado en el barrio Yapeyú de la ciudad de Santa Fe. Antes de conocerse esta resolución, un dirigente del gremio Sadop defendió al docente y dijo que el proceso penal se enmarcó en “un clima de época antidocente y antiderechos”.

La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Matías Broggi y la fiscal Jorgelina Moser Ferro, e impuesta este miércoles por los jueces Lisandro Aguirre, Pablo Spekuljak y Sergio Crararo.

La preventiva estará vigente hasta que adquiera firmeza el fallo de segunda instancia conocido el viernes de la semana pasada. “Los magistrados tuvieron en cuenta que los riesgos procesales se incrementaron con el doble conforme de la condena”, consideró la fiscal Moser Ferro.

El docente de 49 años está condenado como autor de abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado en cuatro oportunidades, así como de abuso sexual simple en perjuicio de la quinta víctima. Ambos delitos se le endilgaron agravados por haber sido cometidos por quien estaba a cargo de la educación de personas menores de edad.

Luego de haber sido absuelto en un juicio oral y público el año pasado, Trigatti había sido condenado por la Alzada a mediados de este año. A raíz de que la defensa recurrió ese segundo fallo, un nuevo tribunal de camaristas analizó las actuaciones y ratificó la sentencia de segunda instancia.

Antes de conocerse el fallo que lo mandó a prisión, la familia, allegados y el gremio Sadop organizaron una marcha en apoyo al docente, tal como viene ocurriendo desde el inicio del proceso, al que consideran amañado y carente de pruebas.

El secretario general de Sadop en Santa Fe, Pedro Bayúgar, enmarcó el fallo condenatorio en “un clima de época antidocente y antiderechos”.

“Más o menos nos sorprendió la decisión judicial. Se nota un ánimo antidocente, antiderechos. No nos sorprende tanto el fallo, pero sí la liviandad con que se juzga”, indicó.

Bayúgar cuestionó la falta de precisiones en la acusación contra Trigatti y apuntó a deficiencias en la investigación. “No hay ninguna precisión sobre qué día, a qué hora o de qué manera ocurrieron los hechos. Además, no se retiraron a tiempo las cámaras de seguridad de la escuela, una prueba esencial que podría haber demostrado su inocencia”, remarcó.

El dirigente también advirtió que el caso generó temor e incertidumbre entre los docentes, modificando incluso prácticas cotidianas en las aulas. “Hoy los docentes evitan ciertas situaciones por miedo a ser acusados injustamente. Ya no se acercan a los niños como antes, ni siquiera entran a los baños. Nadie defiende al docente: ni la patronal ni la justicia”, sostuvo.

Consideró que el proceso judicial tuvo falencias y que la condena se enmarca en un contexto “muy complicado” para la docencia. “No hubo evidencias en los cuerpos de las víctimas ni precisiones en los relatos. Es un caso juzgado con mucha liviandad”, concluyó.